La Santa Sede hacía público el pasado 12 de septiembre, que el papa Francisco convocaba a los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019. Con tal motivo, el Comité Ejecutivo, en su reunión de septiembre, aprobó la creación de una Comisión para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, en este encuentro. Bajo la presidencia del obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana.
Fines de la Comisión
La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico. Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al “Modelo de Directivas” redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas Conferencias y en la orientación de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011.
Declaración de compromiso de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica asume el compromiso de: cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso.
Y lo hará: seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable.
Procedimiento actual en España
La Conferencia Episcopal Española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
Según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.
